El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional, por unanimidad, la Amnistía Fiscal de Montoro, solución aprobada por el Gobierno en 2012.
Aunque a efectos prácticos no tiene relevancia, supone el reconocimiento del fraude legalizado en aquellos meses. No tiene efecto real porque, aun reconociéndolas como inconstitucionales, se aceptan y mantienen las regularizaciones que llevaron a cabo casi 32.000 contribuyentes.
Lo hicieron gracias a la DTE, Declaración Tributaria Especial, conocida como Amnistía Fiscal de Montoro. Esta fórmula se aprobó con el Decreto Ley 12/2012, una vía inadecuada según la Sentencia del Tribunal Constitucional:
«Este no es el vehículo normativo adecuado para impulsar decisiones que afecten a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”.
La medida legitimaba el fraude fiscal, con un objetivo recaudatorio desesperado ante la situación de crisis económica. La sentencia supone un varapalo a la acción del Gobierno como representante del Estado, así como a la legitimidad de la naturaleza de la Amnistía Fiscal de Montoro, el Ministro de Hacienda que más años ha mantenido este cargo. Así lo recoge la sentencia:
“La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”.
La aplicación de la Amnistía Fiscal de Montoro facilitaba la regularización del dinero que se poseía en el extranjero. Según las condiciones iniciales, tributar el 10% era suficiente para que ese dinero pasase a «estar limpio» en España.
El fracaso de la Amnistía Fiscal de Montoro
Posteriormente, y ante el poco éxito recaudatorio, se suavizó la norma para llegar en algunos casos a aceptarse una tributación del 3% para regularizar la situación de los contribuyentes con la Hacienda Pública. En la sentencia del TC se reconoce que:
“Viene a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.
Los contribuyentes pudieron legalizar su dinero con una carga fiscal del 3%, sin intereses, recargos ni sanciones. Los que hicieron las cosas como es debido, tributaban hasta el 43%, de ahí que se reconozca esta insolidaridad.
Además de ser una regularización inadecuada, la norma contó con el fracaso de su aplicación. En total, la aplicación de la Amnistía Fiscal de Montoro recaudó unos 1.200 millones, muy lejos de los 2.500 previstos. Por supuesto, a años luz de lo que pertenecía a las arcas del Estado de haber tributado ese dinero en su momento y con las condiciones solidarias reales.
Además de este varapalo, la Amnistía Fiscal de Montoro quedará para siempre asociada a nombres como Luis Bárcenas, Francisco Granados, Pujol, Diego Torres, Rodrigo Rato… Personajes que se acogieron a la medida y que después han pasado a ser protagonistas de la prensa judicial española.
Esta es la Sentencia completa del Tribunal Consitucional sobre la Amnistía Fiscal de Montoro:
